1. Separación inmediata de cualquier cargo público que haya sido imputado formalmente por delitos de corrupción política, hasta la resolución completa del procedimiento judicial.
2. Eliminación de los aforamientos ligados a cargos políticos y representantes públicos.
3. Nueva Ley electoral, en la que se deberán integrar los siguientes principios: incrementar la proporcionalidad; listas desbloqueadas, y reformar el sistema de voto de la ciudadanía residente fuera de España.
4. Eliminar la posibilidad de indulto a condenados por delitos de corrupción política.
5. Limitación de mandatos: limitación del ejercicio de responsabilidades de presidente del Gobierno a un máximo de ocho años o dos mandatos.
6. Creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular.
El acuerdo contemplaba, además, que “esas condiciones se deberán tramitar durante los tres primeros meses de la XII Legislatura, a contar desde la fecha de la investidura”.

 Apenas han transcurrido cinco meses y los portavoces de ambos partidos han comenzado a decantar sus reales intenciones. Los unos manifestando con el cinismo que les caracteriza que una cosa es firmar un pacto y otra muy distinta cumplirlo, que hasta ahi podriamos llegar. Y los otros que han demostrado ser lo tontos útiles de esta comedia folletinesca, buscando un discreto rincón donde ocultar sus partes pudendas, toda vez que la contraparte les ha dejado literalmente "à poile", que dicen los franceses.