Los últimos acontecimientos en materia judicial en España no hacen sino incrementar la escalada que se está produciendo en el nivel de preocupación entre los ciudadanos de a pie.
El manido dicho de que "ante la justicia todos los ciudadanos somos iguales" supone cada día que pasa, una expresión que está entrando en la categoría de sarcasmo, como lo demuestra el hecho de que haya fiscales que son acusados de inventar delitos y amenazados con ser destituidos si persisten en su labor fiscalizadora y otros que distorsionado su papel de defensores del pueblo se convierten, con el mayor descaro, en abogados de los acusados. Y todo ello con unas formas reñidas con las de un Estado de derecho que recuerdan tiempos no muy lejanos, por prepotentes, chulescos y mal encarados.
Así las cosas, en los casi 40 años que llevamos vestidos con el disfraz de demócratas no recuerdo haber vivido una época de tanta desvergüenza, de tal grado de mediocridad de nuestros llamados dirigentes y de tanta corrupción e impunidad. Y todo ello con el propicio marco que les presta no tener una oposición política que responda seriamente a tal nombre. En resumen, lamentablemente esta situación puede pasar, de ser grave a ser desesperada, ya que no se vislumbra el más mínimo indicio de que este estado de cosas vaya a cambiar.
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