lunes, 31 de agosto de 2015

EL POZO CASTOR



El así llamado, fue ideado con el objetivo de que sirviera como almacenamiento de gas con un volumen de 1.900 millones de metros cúbicos, aprovechando un pozo marino de petróleo agotado que estaba situado a 30 km. de Vinaroz (Castellón).
En la historia reciente de España en pocos asuntos se ha podido alcanzar tal cúmulo de despropósitos, cuyas consecuencias económicas han corrido -como siempre - a cargo de esa masa innominada de contribuyentes españoles.
El tema nació ya de un raro subido en los tiempos del último mandato de Zapatero, siendo titular del Ministerio de Industria y Energía, Miguel San Sebastián, quien firmó un acuerdo, publicado en el BOE que garantizaba la devolución de la inversión en caso de reversión de la concesión.
El proyecto fue evaluado en 500 millones de € y estaba incluido dentro del Plan Estratégico Energético y su construcción y explotación fue concedida a una empresa denominada ESCAL UGS, cuyo accionariado estaba compuesto por un 67% de la empresa constructora española ACS - cuyo presidente sin duda les sonará toda vez que se trata del todopoderoso Florentino Pérez - y el 33% restante por una empresa canadiense. El coste del proyecto, como ocurre tradicionalmente en este país, se disparó hasta los 1.350 millones, es decir casi triplicando el presupuesto inicial y de su construcción se encargó - que curioso - la empresa ACS después de obtener los permisos de construcción necesarios.
Pero la bondad de tales permisos no debería estar muy clara ya que una juez del Juzgado de Vinaroz a imputado a 18 personas vinculadas con la concesión de tales permisos por los presuntos delitos de "prevaricación medio ambiental contra el medio ambiente y los recursos naturales y por ocultación de informes que advertían del peligro de movimientos sísmicos en la zona que podían afectar tanto a la población como a las infraestructuras de las zonas próximas al citado pozo". De las 18 personas imputadas, 5 eran altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente del gobierno de Zapatero.
Pese a las importantes desviaciones que se estaban produciendo en los costes del proyecto, el ministro San Sebastián iba dando el visto bueno a las mismas, hasta que llegó un momento - tardío - en que puso coto al desmadre en la escalada de los costes.
Así las cosas cuatro años después de iniciadas las obras empieza a inyectarse gas en el pozo y a partir de ahí se empiezan a detectar movimientos sísmicos de hasta 3,1 de la escala de Ritcher, valor que la empresa considera dentro del rango de normalidad. Pero el uno de octubre de 2.013, se produce un nuevo terremoto, esta vez con un valor de 4,2 de la escala citada, seísmo que afectó a poblaciones de la costa como Vinaroz, Peñíscola, Benicarlo y otras, en vista de lo cual la Administración prohíbe que se siga inyectando gas a el pozo. 
Como quiera que la compañía concesionaria entendía que era el Gobierno era el que había paralizado el desarrollo del proyecto, tira de contrato y exige que se le resarza del importe de la inversión realizada, que recordémoslo iba por los 1.350 millones de euros, pretensión a la que accede el Gobierno actual.
Este es un sucinto relato de lo acaecido con este "singular" proyecto, proyecto que suscita los siguientes comentarios.
1). El Gobierno recupera el importe de la indemnización   
     trasladando la misma a los usuarios de gas en forma de   
     incrementos de precios en sus facturas. Es decir, las chapuzas   
     por decirlo en suaves términos, de los cerebros de la   
     Administración los pagamos nosotros, los ciudadanos. A tal   
     a tal respecto, al ser interpelado Zapatero sobre la gloriosa    
     actuación de su ministroSan Sebastián, manifestó que   
    "conocía al ministro desde hacía mucho tiempo, que le constaba            que era una buena persona y que el - evidente - error de los                  términos del contrato lo había cometido sin mala intención". 
     Apabullante declaración, aun viniendo de Zapatero.
2). La inusual respuesta del Gobierno, por lo rápida,   
     abonando"ipso facto" sin rechistar los 1.350 millones de euros a 
     ESCALUGS. 
3). De los efectos de esa velocidad no ha disfrutado el socio de 
     ACS, ya que la compañía canadiense no ha visto ni un euro de 
     los 1.350 millones, por lo cual ha apelado, se supone que contra            su socio, ante el CIC (Cámara Internacional de Comercio). 4).                Resulta que la idea, el proyecto, pese a que pueda dar 
     la sensación de que está muerto, de que ha pasado a mejor vida, 
     nada más lejos de la realidad, ya que resulta que su situación es 
     denominada como de "suspensión", de "hibernación", y desde 
     el Gobierno se han dejado oír varias voces en el sentido de que   
     el pozo sea reabierto, siempre que haya estudios serios y  
     confiables (como si ello no fuera un oxímoron), que den como 
     resultado de que el citado proyecto es viable y rentable. Se me 
     ocurre pensar que entonces los estudios de factibilidad    
     anteriores ¿que eran ? ¿unos proyectos fin de carrera, de esos 
     que nadie se  lee y que se aprueban a peso?. Pero ¿es que 
     estamos locos?
5). La clausula del contrato que nos ocupa no acotaba, no limitaba, 
     el importe final de la inversión, importe que recordémoslo, 
     debería ser abonado por la Administración al inversionista en 
     caso de que el proyecto no llegara finalmente a buen puerto. 
     Victimas de esa imprudencia, impropia de un equipo de 
     negociadores como el que se supone dispone el Ministerio de 
     Industria, hace inevitablemente pensar en oscuras intenciones a 
     la hora de redactar el contrato citado.
6). Los que hemos nacido durante el reinado de la peseta - por lo 
     menos es mi caso - a partir del precio de un café o de un 
     periódico, me veo en la necesidad de traducir a pesetas las   
     cifras que me ponen delante para saber donde estoy, y para ello            recurro al único sistema que se me ocurre, que no es otro  
     que multiplicar la cantidad de euros por el valor en pesetas de   
     cada euro que es el de 166,386 y así, este oscuro, chapucero y 
     mal oliente asunto nos ha costado a los españoles de a pie la   
     cifra de 1.350 x 166,386 = 224.621,10 millones de pesetas, pese 
     a los cuales es más que probable que finalmente la vida seguirá            tal cual, ya que nadie dimitirá, a nadie se le caerá la cara de 
     vergüenza, nadie irá a la cárcel y posiblemente algunas puertas 
     giratorias esperarán ser atravesadas por algunos protagonistas   
     de esta rocambolesca historia.
    

   
   
    
   
    
     
     

    
     

    
    
    


   
     

           

                                                                                                            

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