En la zona citada, perteneciente al término municipal de Carboneras, se pretendía construir o por lo menos eso manifestaba un promotor, 1.500 viviendas, 6 hoteles de lujo y como no, un campo de golf. Todo ello hubiera supuesto una inversión que rondaría los 400 millones de euros, lo que llenó de gozo tanto a las autoridades de Carboneras como a la Junta de Andalucía.
Claro que eran tiempos en los que todavía no aparecía por el horizonte el fantasma del fin del ciclo de la expansión inmobiliaria.
El principal valedor de este gran proyecto que comenzó con la construcción del hotel en prácticamente encima de la playa citada, como puede apreciarse en las fotografías que acompañana este escrito, fue la Junta de Andalucia, que ha tenido en este asunto un turbio protagonismo por decirlo en suaves términos.
En el año 1.994 la Junta establece que la zona de El Algarrobico NO es urbanizable, lo que no le impide 3 años más tarde proclamar justamente lo contrario y para ello se salta la publicación del expediente que justifique su radical cambio de postura, decisión que por otra parte la toma en flagrante contradicción con la Ley 4/89 de Conservación de la Naturaleza.
Así las cosas, en el 2.001 la empresa constructora solicita de la Ayto. de Carboneras licencia de obras para la construcción del hotel citado, licencia que el Ayto, concede 2 años después eximiendo al peticionario del 99% del importe de la susodicha licencia.
Ese mismo año comienzan las obras para la construcción del hotel y cuatro años después, en el 2.005, el Ministerio de Medio Ambiente inicia los trámites para la expropiación de El Algarrobico y un Juzgado de Almería decide paralizar cautelarmente las obras.
Por otra parte el Consejo de Ministros declara como utilidad pública el parque donde se asienta la playa citada y la Audiencia Nacional confirma que son 100 los metros de servidumbre de protección y la Junta de Andalucía aprueba que los terrenos de El Algarrobico pasa a ser considerado como zona de especial protección no urbanizable. O sea que la Junta de Andalucia, con esta decisión ha recorrido el camino zigzagueante de decir NO - SI -NO, sin que ese cambio radical de posturas le haya supuesto ver alterado su pulso normal.
Pero curiosamente pese a todas las circunstancias que anteceden, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sentencia que el suelo sobre el que se ha construido el hotel es urbanizable. Ante tal insólita decisión, Greenpeace recurre ante el Tribunal Supremo que finalmente sentencia que la zona tantas veces citada es un área medio ambientálmente protegida y no urbanizable, sentencia no recurrible por lo que este rocambolesco asunto queda cerrado.
Hay que destacar en el desarrollo de este turbio asunto que la Junta de Andalucia llegó a falsificar en planos la ubicación de la playa en un intento de hacer valer su posición de construir el hotel.
Ahora se corre el telón de otro escenario, que es la demolición del hotel para dejar el paraje tal como estaba, toda vez que el importe de la misma (7,2 millones de euros) y su reparto, ya fue convenido en el 2.011 entre la Junta y el Mº de Medio Ambiente entonces presidido por Arias Cañete. Pero una cosa es acordar y otra muy distinta hacer, de modo que a lo mejor hay que esperar muchos años para ver cumplido ese acuerdo.
Queda un tema importante por resolver y es que si el constructor tenía concedida legalmente la licencia de obra por parte del Ayto. de Carboneras ¿ quien le resarce, como parece lógico, del coste de la construcción en la fase que va desde su comienzo hasta la fecha en que un Juzgado de Almería ordenó su paralización cautelar?.
El sentido común dicta que debería ser la Junta de Andalucía que fue la que se empecinó en sacar este asunto adelante con malas artes y que además las responsabilidades políticas habrían de ser igualmente asumidas por las personas que tomaron esas decisiones.
Pero me temo que no caerá esa breva. Si el hotel llega a demolerse, - cosa que en el supuesto de que se haga pasará mucho tiempo entre dimes y diretes - su importe será asumido con dinero público, o lo que es igual, por los contribuyentes, al igual que el importe de la indemnización más arriba citada si finalmente se lleva a efecto, pero de dimisiones políticas derivadas de la pésima gestión realizada por la Junta de Andalucía, ná de ná, que dicen ellos.
ANTES
DESPUÉS
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