ZALDIBAR BERDIN

Saltándonos el capítulo de las irregularidades que durante la explotación del vertedero de Zaldibar se cometieron y que al final desembocaron en el derrumbe del mismo, lo que en si supone ya mas que un notable salto, hagamos memoria, esa propiedad que nos permite retener y recordar el pasado y que felizmente suele fallar frecuentemente, cosa que ayuda sobremanera a mantener el estado de felicidad en un nivel aceptable, porque si no.....
Febrero de 2.020. El vertedero de residuos (a estas alturas no se sabe de qué) se derrumba sepultado y causando la muerte dos trabajadores, Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán. El Gobierno Vasco ante la magnitud de la catástrofe, asume a través de su Consejería de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente la responsabilidad doble de buscar por un lado los restos de los dos trabajadores y por otro realizar los trabajos necesarios para garantizar la estabilidad de lo que queda del vertedero, dando por finalizadas ambas cuestiones (aunque los restos de Joaquín no fueron encontrados) en agosto de 2.021.
Una estructura abandonada a su suerte lo único que hace es empeorar, que es lo que está pasando desde hace casi ya 2 años, dos, como corresponde al viejo lema de que " lo que no mejora, es seguro que empeora" y eso es lo que está ocurriendo en lo que queda del vertedero desde hace ese tiempo, porque en ese lapso nadie ha dado un palo al agua en el sentido de asegurar la estabilidad del mismo.
El tema de quién mueve ficha en este delicado asunto se ha visto complicado desde el momento que ahora ya son cuatro los actores de este capítulo, a saber: 1). La propiedad, que se  declaró insolvente toda vez que no pudo hacer frente al pago que le reclamó el Gobierno Vasco por importe de los 28,6 millones que son la factura que pasó  por los trabajos descritos.  2). El Gobierno Vasco que dice que "hasta aquí hemos llegado" toda vez que la instalación - manifiesta con razón - es de propiedad privada y si actuó en su dia asumiendo unos trabajos que correspondían a la propiedad fue por una cuestion de emergencia pública asumiendo ahora el papel de controlador de la seguridad de la instalación. 3). El admistrador concursal, ya que la empresa propietaria al declarase insolvente ha entrado en concurso de acreedores. 4). El juez instructor del caso, nombrado como consecuencia de la muerte de los dos trabajadores citados y del desastre ambiental producido. 

Pues bien,  con ese nutrido reparto de responsables se está cumpliendo esa vieja ley de la naturaleza que dice que "si quiero que algo se realice, nombre un responsable único y si por el contrario quiero dilatar la solución hasta que el asunto se pudra por si solo, pues nombro varios y cuantos más, mejor".
Lo que pasa en este asunto es que aquí estamos jugando con las cosas de comer ya que si no bastara con la muerte de dos trabajadores, los dramas familiares habidos por tal causa y el desastre medio ambiental producido, la clamorosa inacción que se está produciendo en los trabajos de mantenimiento de los restos del vertero, puede acabar en una nueva tragedia y como nota marginal queda por añadir que con seguridad los citados 28,6 millones de euros antes citados que nos ha costado a nosotros, lo contribuyentes, nunca serán recuperados y con altas posibilidades de que asi ocurra, los responsables finales de esta tragedia, la propiedad del negocio, se irán de rositas.